Las prácticas fraudulentas de las empresas multiservicios, a examen

    CCOO del País Valencià ha organizado hoy una jornada sobre un fenómeno cada vez más creciente en la actividad productiva: la proliferación de empresas multiservicios. Una actividad que lejos de encuadrarse en la mera subcontratación de servicios, regulada por la normativa laboral, suele encubrir una cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras. Una práctica ilícita que conlleva un ahorro de costes y una merma en los derechos laborales. En representación de CCOO de Industria acudió a la sesión de trabajo el responsable del Área de Política Sindical. "Es un modelo perverso", aseguró.

    11/11/2015. Valencia
    Carlos L. Alfonso, Juan J. Camino, Cristina García y Cristina Moreno

    Carlos L. Alfonso, Juan J. Camino, Cristina García y Cristina Moreno

    CCOO PV ha acogido hoy una jornada de análisis y debate sobre las prácticas fraudulentas de las empresas multiservicios. El secretario general de CCOO PV, Paco Molina, que ha presentado la jornada junto al responsable de Acción Sindical, Jaume Mayor, ha explicado que estas prácticas provocan desigualdad, empobrecimiento y una desregulación de las condiciones laborales. "Por nuestra parte es un objetivo a combatir, desde la denuncia y con nuestro compromiso de colaboración con las instituciones que velan por los derechos de los trabajadores". El dirigente sindical ha señalado que la actividad de este tipo de empresas afecta a múltiples sectores, la mayoría de ellos muy feminizados. 

    La jornada ha comenzado con la mesa redonda "Legalidad versus fraude". El catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València, Carlos L. Alfonso, ha aclarado cómo desarrollan su actividad. Si la organización del trabajo y todos los recursos materiales para desarrollarlo no son asumidas por la empresa multiservicios, ya no hablamos de subcontratación, sino de una cesión de mano de obra. "La contratista está cediendo a un trabajador para que se inserte en la estructura empresarial de otra, un hecho que no está permitido. Estamos ante una falsa subcontratación, cuya única intención es abaratar el coste de los servicios".

    Alfonso ha añadido que cuando estas empresas cuentan con convenio propio, y no aplican el convenio del sector en el que operan, es cuando entran en fraude. "Se produce un dumping social, una competencia desleal, puesto que trabajan más barato que las empresas de todos los sectores en los que intervienen".  

    Al tratar este fenómeno, la directora general de Trabajo, Cristina Moreno, ha destacado el hecho de que en la misma empresa los trabajadores y las trabajadoras convivan con las plantillas de las empresas multiservicios, con otros salarios y otras condiciones, y sujetas a sus propios convenios. El Tribunal Supremo fija que la contratista tiene que realizar una actividad específica y diferenciada de la actividad de la empresa principal, aunque sean complementarias. Pero esto no siempre se cumple. Moreno ha citado como ejemplo el caso de las camareras de hotel, un servicio aportado por este tipo de empresas, sustituido a efectos de condiciones por el servicio de limpieza.

    Moreno ha afirmado que la Dirección General de Trabajo va a hacer una interpretación estricta de la legislación en torno a este tema. Y controlará y sancionará a aquellas empresas que bajo la forma de empresa multiservicios estén haciendo una cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras prohibida por la ley. 

    El jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, Juan José Camino, ha calificado de "auténtico fraude laboral" las prácticas llevadas a cabo por estas empresas, tanto por la aplicación de un régimen salarial intolerable, como por la merma de estabilidad en el empleo y de representación sindical, al ser menores las plantillas. Camino ha explicado las actuaciones que la Inspección está llevando a cabo en este ámbito, que en la provincia de Valencia se centran sobre todo en el sector de la hostelería. Para continuar con el ejemplo de las camareras de piso, Camino ha resaltado la diferencia del salario establecido en el convenio del sector (1.169 euros) frente al salario pagado por la empresa multiservicios, 685 euros. "No hay ninguna justificación técnica para contratar este servicio, si no es el beneficio para la empresa principal".

    En estos casos se levantan actas de infracción muy grave por cesión ilegal de mano de obra. Las sanciones pueden ser de 186.000 euros por cada caso de cesión, a lo que también hay que añadir el fraude cometido a la Seguridad Social. "Necesitamos la colaboración de CCOO para que nos lleguen las denuncias sobre este tipo de situaciones", ha señalado Camino. 

    Mesa de experiencias sindicales

    La jornada ha continuado con la mesa de experiencias, valoraciones y propuestas de acción sindical. Encarni Bonilla, de la Federación de Servicios de CCOO, que ha presentado un mapa de todos los sectores donde operan este tipo de empresas: logística, procesos industriales, consultoría, servicios administrativos, marketing, servicios integrales, entre otros.

    Bonilla ha destacado cómo, tras la reforma laboral, han irrumpido los convenios de empresa en este tipo de compañías. El 60% de los convenios de ámbito estatal se firman después de la reforma laboral, con el único objetivo de rebajar las condiciones en materia salarial. "Somos contrarios a que se utilice el convenio de empresa como herramienta de devaluación salarial y de las condiciones de trabajo, muchas veces con el apoyo de las empresas clientes y de la propia Administración". La sindicalista ha señalado que las jornadas de estos convenios se sitúan 48 horas anuales por encima de los convenios sectoriales. Las diferencias salariales pueden ir desde un 15% a un 48%. La Federación de Servicios ha conseguido anular ya 14 convenios de este tipo. 

    Daniel Barragán, de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, ha señalado a las empresas multiservicios como uno de los problema clave de los últimos años, en especial por la actual legislación de contratación pública. Barragán ha acusado a las administraciones públicas de actuar como cómplices de toda esta situación. Ha citado como ejemplo que empresas, condenadas por fraude a la Seguridad Social, hayan obtenido contratos de seguridad privada en la Comunidad de Madrid. El sindicalista ha instado a la Administración a implicarse.

    Por su parte, Álvaro Garrido, de CCOO de Industria, ha revelado cómo los convenios de algunas empresas incluyen cláusulas de garantías salariales para el personal que esté en ese momento en plantilla, pero no para los trabajadores y trabajadoras que accedan después: "Es un modelo perverso, que genera una doble escala salarial". Garrido ha destacado la importancia de la presencia de sindicalistas para detectar estas irregularidades. 

    El secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, ha afirmado que las empresas multiservicios constituyen "un trasvase brutal de rentas del trabajo a rentas del capital", un fenómeno al que CCOO se enfrenta y que, lamentablemente, se va a prolongar en el tiempo. Górriz ha emplazado a los asistentes a renovar la acción sindical ante un contexto que se ha creado para debilitar los derechos y los convenios: "La reforma laboral no se ha hecho porque sí. Y El PP lo ha dejado todo bien atado con el único objetivo de debilitar la respuesta colectiva y el derecho de huelga". El dirigente de CCOO ha destacado la necesidad de que el movimiento sindical dé un paso adelante generando propuestas y movilización.

    Górriz ha recordado que  si hay un empleo de baja calidad, ello afectará a las pensiones ya los servicios públicos, por lo tanto, "es el tiempo del discurso global y sociopolítico de CCOO, más allá de nuestro sector; hay que ligar bien el trabajo sectorial y el trabajo de conjunto". 

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