CCOO de Industria rechaza categóricamente el modelo privatizado de formación para el empleo que impone el Gobierno

  • También se oponen los sindicatos, las patronales y los gobiernos autonómicos que no apoyan al PP

La industria y las actividades agroganaderas exigen una formación continua para las personas ocupadas y desempleadas. Lamentablemente, el Real Decreto para la Ley de Formación Profesional que presentó el Gobierno, con el apoyo del PNV, pretende privatizar la formación para el empleo y convertirla en una fuente de negocio.

18/07/2017. CCOO de Industria
Centro de formación de CCOO de Industria en Cartagena

Centro de formación de CCOO de Industria en Cartagena

La industria y el campo viven aceleradamente transformaciones tecnológicas derivadas de la automatización, de la digitalización y del cambio de modelo energético. Necesitan de nuevas capacidades y de nuevos conocimientos.

Sirvan de ejemplo el tránsito del automóvil convencional al eléctrico y el plan estratégico de Navantia, en el que además del papel fundamental que tienen las nuevas tecnologías, se persigue un rejuvenecimiento de la plantilla con bajas incentivadas y la adopción de nuevas cualificaciones.

CCOO de Industria también es consciente de la existencia de una brecha histórica entre las necesidades del aparato productivo y la formación reglada que se imparte en universidades, en Formación Profesional y en otras fórmulas.

Es decir, en la industria actual se refuerza aun más la necesidad de una formación para el empleo al servicio de las personas. Es un derecho de todos y todas que debe ser construido y defendido.

Desde esta perspectiva, a esta organización sindical le parece evidente que el Real Decreto que ha presentado el Gobierno con el apoyo del PNV tiene otros objetivos. El más importante, sin duda alguna, privatizar la formación para el empleo y convertirla en una fuente de “negocio” más.

Modelo opaco

Para ello, en cuanto a la formación de trabajadores ocupados, el real decreto aprobado reduce el control y la participación de los agentes sociales y crea un mercado de cursos que favorece a los grandes grupos empresariales de servicios de formación. Impone condiciones que expulsan otras opciones, mejoran la financiación de las grandes empresas y dificultan el acceso de pymes y autónomos. Se reducen por tanto los derechos de los representantes de los trabajadores y trabajadoras en la vigilancia de la legalidad y se impulsa un modelo opaco, sin indicadores de calidad.

En lo que se refiere a la formación para desempleados, el real decreto desarrolla sin garantías el "cheque formativo" para parados. Este invento consiste en crear una "cuenta virtual" individual que acumula la aportación del 0,7 de la base de cotización cuando se trabaja. Al quedar en paro, se puede hacer efectiva la aportación y recibir la formación que determinen los servicios de empleo y que será impartida por centros certificados por la Administración (en la mayoría de los casos autonómica).

Salta a la vista la similitud de este proceso con los desarrollados en educación para fomentar la enseñanza privada y en sanidad para trasladar la atención de los servicios públicos a los grupos privados. El siguiente paso es la extensión del ámbito social al laboral, tal y como se intenta hoy en el marco de la salud laboral. Los gobiernos comienzan degradando y deteriorando los servicios públicos y luego privatizan las funciones más rentables con la excusa, sobradamente demostrada falsa, de su eficacia. Se calcula que entre 2014 y 2016 más de mil millones, de los seis mil recaudados con el 0,7% (0,1% de las nóminas y 0,6% de la empresa), no se han gastado. Tampoco se dan explicaciones a pesar de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que impide utilizar estas partidas para otros fines.

Conviene no olvidar que en asociación con las privatizaciones aparece la corrupción, la financiación ilegal de partidos y las “puertas giratorias” entre lo público y lo privado.

Evitar que se consolide el modelo y desarrollar una alternativa útil para los trabajadores y la sociedad supone la movilización de la sociedad y de los trabajadores como muestran las mareas blancas y verdes.

Es posible que este sea el camino a seguir tras adaptarlo al mundo de CCOO de Industria. El sindicato no solo rechaza el modelo que aprobó el consejo de ministros, sino que desplegará todos sus recursos en los centros de trabajo. Desde el ejercicio de los derechos de información y consulta que recoge el artículo 64 del Estatuto, hasta la comunicación externa e interna de las irregularidades que se aprecien, pasando por la participación, por exigua que sea, en los órganos de la Administración competentes.

De esta forma, CCOO de Industria cumplirá el mandato de vigilar, denunciar y proponer en las empresas sistemas de formación que mantengan y creen empleo en tiempos de rápidas transformaciones tecnológicas y sociales.

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