Son insuficientes las medidas que ha adoptado el Gobierno para hacer frente al empleo perdido por la sequía

  • CCOO valora positivamente la decisión tomada para Andalucía y Extremadura, pero rechaza su actitud excluyente con el conjunto de trabajadores y trabajadoras agrícolas

El Gobierno del PP, aprovechando la tramitación legislativa de una ley de medidas urgentes para hacer frente a la pertinaz sequía que azota a importantes zonas del país, solo ha tomado una decisión para los trabajadores y trabajadoras cuenta ajena del Sistema Agrario de la Seguridad Social. Reduce el requisito de jornadas mínimas trabajadas para acceder al subsidio y renta agraria, una medida que solo beneficia a las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.

15/02/2018. CCOO de Industria
El Gobierno discrimina a los trabajadores y trabajadoras afectados por la sequía que no son de Extremadura y Andalucía

El Gobierno discrimina a los trabajadores y trabajadoras afectados por la sequía que no son de Extremadura y Andalucía

CCOO de Industria valora positivamente la decisión del Gobierno de reducir el requisito de jornadas mínimas cotizadas pero lamenta que, una vez más, discrimina a los trabajadores y trabajadoras afectados por la sequía que no son de Extremadura y Andalucía.

El sindicato quiere dejar claro que el Gobierno es el único responsable político de que a miles de trabajadores y trabajadoras cuenta ajena de quince comunidades autónomas del Estado, se les excluya del derecho de cobro de subsidios asistenciales, al tener bloqueada la disposición final cuarta de la ley de integración de los trabajadores cuenta ajena del REASS en General de la Seguridad Social desde enero de 2012. También se les niega el derecho a acceder a las medidas por las pérdidas de empleo por la sequía.

Para CCOO resulta escandaloso que el Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medioambiente y varias comunidades autónomas como Murcia, País Valencià, Castilla y León, Aragón y Catalunya, entre otras, admitan importantes pérdidas de empleo como consecuencia de la sequía y solo contemple ayudas para los trabajadores y trabajadoras cuenta propia. Excluye a un tercio de los afectados en estas comunidades autónomas.

Para CCOO está ley está elaborada pensando solo en los trabajadores y trabajadoras cuenta propia y desde una visión estrecha de la realidad social del conjunto del sector agrario. CCOO lamenta que sistemáticamente el Gobierno viene obviando una realidad tal papable, como es, la existencia de más de 800.000 asalariados y asalariadas agrícolas cuenta ajena. A más de 215.000 hombres y mujeres se les excluye del derecho a los subsidios asistenciales, aun cotizando al desempleo.

Este importante volumen de personas ha perdido lo único que poseía, que eran sus rentas del trabajo derivadas de las mermadas por la sequía.

Un gran número de ellos ha perdido sus expectativas de acceso a la prestación por desempleo, teniendo que trabajar 271 jornadas al año para acceder a cuatro meses de prestación por desempleo al rechazar el Gobierno la flexibilización de los requisitos para acceder a esta prestación económica, tal y como se lo propuso CCOO.

Después de leer la letra pequeña de la Ley, CCOO considera que la única medida positiva aprobada por el Gobierno, y que afecta a los trabajadores de Andalucía y Extremadura, sigue manteniendo el requisito de 30 jornadas cotizadas al SEAS para estar de alta. Este hecho imposibilita a las personas afiliadas al SEASS, desde el 1 de enero de 2012, beneficiarse de la reducción de peonadas para acceder al subsidio y renta agraria.

De la misma manera, trabajadores y trabajadoras que tenían que acceder con 35 jornadas, podrán acceder con veinte. Pero aquellas personas que accedían con 53, accederán con 38.

Igualmente, CCOO de Industria considera inaceptable que el Gobierno no haya comprometido una partida presupuestaria suficiente para los Planes de Empleo Agrarios y de Zonas Rurales Deprimidas, tal y como se lo solicitaron los sindicatos en el paquete de medidas que le presentaron el 22 de enero. Los fondos estuvieron congelados por el Gobierno desde 2011 hasta el año pasado, cuando subieron un 3%, lo que supuso una importante pérdida comparada con la subidas del IPC.

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