CCOO de Industria | 19 abril 2024.

CCOO traslada su absoluta indignación sobre las consecuencias de un incendio, del que los profesionales advertían desde hace tiempo, y exige responsabilidades y contundencia.

    CCOO lamenta profundamente la tragedia que está suponiendo el incendio iniciado en Navalacruz y que ha arrasado la Sierra de la Paramera y otras zonas de la provincia de Ávila.

    17/08/2021. CCOO Industria CyL
    Indignación de CCOO Ante el Incendio Ya Advertido en Ávila

    Indignación de CCOO Ante el Incendio Ya Advertido en Ávila

    Ante el desgarrador desastre medioambiental que supone y el enorme impacto económico y social que arrastra, con la muerte de ganado, la pérdida de terrenos forestales y de pastos, las evacuaciones de población, las edificaciones e instalaciones perdidas, en una población ya de por sí mermada de posibilidades de futuro en sus pueblos, así como el riesgo a que ciudadanos y trabajadores de los servicios de extinción se han visto expuestos.

    Se comprueba con estupor como las advertencias de los profesionales forestales, de las que este sindicato se ha hecho eco y defendido año tras año, no se han considerado por parte de la Junta de Castilla y León, responsable de la política forestal.

    Desde CCOO se viene repitiendo desde hace años la necesidad de contar con unos medios profesionales suficientes en el campo de la prevención con carácter permanente, que permitan mantener la superficie forestal en condiciones adecuadas para que los incendios, en caso de producirse, no acarreen consecuencias tan devastadoras como este incendio.

    Además de la palmaria ausencia de gestión durante el año, se añade un déficit de personal en el servicio de extinción, como se denunció por parte del sindicato en julio de este mismo año, ya que existe una temporalidad insostenible con sólo 4 de los 83 puestos ocupados por personal fijo, un 33% de los puestos de agentes ambientales temporales, un 25% de vacantes en los puestos de los técnicos que tiene que dirigir el operativo con jubilaciones sin cubrir desde hace tiempo. Como muestra, hace sólo unos días se convocaban dos plazas interinas de técnico para el servicio, en plena época de riesgo extremo, cuando todo el dispositivo debería haber estado cubierto adecuadamente.

    Esta insoportable ausencia de cobertura técnica se hace igual de patente con la provisión de efectivos de las cuadrillas, en que la subcontratación y los trabajos temporales son una constante en los operativos, con contratos de tres meses a los trabajadores, provocando una rotación y unas condiciones laborales que dificultan la profesionalización necesaria de un servicio tan importante.

    También es necesario poner en relieve el número insuficiente de cuadrillas que la Junta subcontrata a empresas privadas. Para más "inri" las personas trabajadoras cuenta ajena para las empresas privadas, están sin Convenio colectivo desde el año 2019. El 60% de estas personas pierden su empleo el 30 de septiembre, es decir alrededor de 700 trabajadores/as, no continuarán. Siguen siendo trabajadores/as 2x1, después de jornadas agotadoras de trabajo silvícola a temperaturas que superan con creces los 30°, tienen que acudir a la extinción de los incendios.

    Para nuestro sindicato esta situación es insostenible y llevamos año tras año reivindicando otro modelo de gestión que sea público. Los incendios se apagan en invierno con más personal y más tiempo de trabajo que asiente población en el medio rural.

    A pesar de todos estos problemas, los trabajadores de los servicios de extinción han demostrado una inconmensurable profesionalidad, en una actividad que está muy por encima de las condiciones que se les ofrecen, muy precarias en muchas ocasiones, desarrollando un trabajo durísimo en unas condiciones extremas, y expuestos a accidentes laborales como el del trabajador atropellado durante las labores de extinción o una de las cuadrillas terrestres que casi resultan atrapados en el incendio.

    A los déficits en la cobertura de puestos para prevención y la apuesta por la externalización que se transforma en precarización de las labores de extinción, se añade una política forestal que no apuesta por la gestión del territorio y el asentamiento poblacional y su futuro, solución que serviría para reducir el riesgo de incendio o las consecuencias de estos, si se promovieran acciones en el territorio para prevenir. Nos preguntamos desde el sindicato cuáles han sido las acciones ejecutadas años después de que otro incendio se produjera en Navalacruz, aquel con consecuencias mucho menores. Quizá en la respuesta se pueda conocer la nula apuesta de la Junta por el Desarrollo Rural, que supondría la prevención y la adecuada gestión.

    Desde CCOO se exige a la Junta de Castilla y León la revisión de su política de prevención de una forma urgente, así como a evaluar y actuar sobre los posibles fallos que se puedan haber producido en la coordinación y activación de la extinción, para lo cual será importante conocer las aportaciones de los trabajadores de los servicios, cuyo conocimiento es un enorme valor que no se escucha. La asunción de responsabilidades en la toma de decisiones, en este hecho, en caso de confirmarse la descoordinación y los errores, será obligatoria.

    Además, de cara al futuro, el sindicato recuerda que, como así se ha denunciado en múltiples ocasiones, las labores de prevención deben hacerse durante todo el año, contando con una plantilla adecuada a las necesidades, aspecto que se hace más evidente en una situación como la actual, de cambio climático que está agudizando los problemas ambientales en general y el riesgo y consecuencias de los incendios en particular. La Junta de Castilla y León debe adecuar los servicios de extinción a las nuevas condiciones climáticas, pero sobre todo centrarse en la gestión y limpieza de la superficie forestal durante todo el año, uniendo esta actividad con la promoción de la actividad ganadera extensiva, la recuperación de usos tradicionales del monte, y la incorporación de gestión forestal sostenible con diversificación del uso del territorio. Es una necesidad para la provincia de Ávila y es una obligación para los ciudadanos de estos territorios.

    Es necesario apostar por una gestión adecuada, por una prevención mantenida y por el mantenimiento de dotaciones de extinción con condiciones dignas. Esta apuesta por la gestión, no sólo fijaría población en un medio rural abandonado, sino que sería más económico en contraposición del inmenso coste de los servicios de extinción frente a los de prevención. Si no se hace, la Junta estará abandonando el territorio que debe defender, a los ciudadanos y a los trabajadores de estos servicios.