España ya cuenta con unas bases sobre las que levantar el Pacto de Estado para la Industria, gracias a la presión que ha ejercido este sindicato. ¿Qué supondrá para Andalucía?

La escasez de industria y una economía basada en los servicios en Andalucía, es lo que da como resultado que esta comunidad sea la penúltima región en renta salarial per cápita del país.  En esta región el desarrollo industrial es la asignatura pendiente ya que, aunque se han dado pasos en las últimas décadas en el sector aeroespacial, tenemos que seguir construyendo una estructura productiva asentada en lo industrial para crear empleo de calidad en Andalucía y corregir la debilidad del tejido productivo.

No podemos tener una España de dos velocidades, una que ya está pensando en el 5G y otra que todavía va por el 2.0 e incluso por la analógica. La industria es clave para Andalucía. Es por ello que, desde esta comunidad, acudimos de forma masiva a la convocatoria en Madrid del pasado 21 de junio por un Pacto de Estado por la Industria.

Un Pacto de Estado para la Industria de larga duración, así como la elaboración de Ley de Industria, supondrá eliminar las desigualdades y conseguir la convergencia económica y la cohesión social de las personas trabajadoras de Andalucía con las del resto del país. 

Acaban de celebrarse las elecciones al Parlamento andaluz. ¿Qué impacto tendrán los resultados en las personas que trabajan en la industria y el campo? ¿Cuál es el estado de salud del diálogo social de la región en materia de política industrial?

Desde esta Federación de Andalucía siempre hemos reclamado a los gobiernos de nuestra tierra, intervención pública para fortalecer el sector industrial y agrario, planificación para poder tener visión a medio y largo plazo y recursos e inversión para poder cambiar la dinámica. 

El gobierno anterior de coalición de PP y Ciudadanos, ha sido complicado para el diálogo social, por ejemplo la participación que nos han dado como sindicato en la elaboración de los diferentes pactos y planes de sectores estratégicos ha sido nula, ya que no nos dejaban participar en los diagnósticos, nos los daban hecho y luego nos pedían aportaciones, que con suerte eran tenidas en cuenta. 

Del próximo gobierno, en este caso del PP con mayoría absoluta, esperamos que mejoren la calidad del diálogo social, hasta ahora un poco maltratado. Así mismo, esperamos que a través de sus competencias en materia de industria, canalice los fondos europeos que vienen a través de los PERTES en sectores estratégicos como el del auto, el aeroespacial y todo lo relacionado con la transición energética, para así poder llevar a cabo el cambio de modelo productivo que hará posible una industria sostenible en Andalucía y con ello empleo de calidad para sus ciudadanas y ciudadanos.

En Andalucía os preocupa especialmente la situación del sector público. Me refiero a empresas como Amaya, Agapa y VEIASA. ¿Qué acciones habéis desplegado para evitar la precarización de las condiciones laborales?

Dentro de nuestra Federación en Andalucía contamos con dos agencias públicas, AMAYA, dedicada principalmente a temas de Medio Ambiente y Bomberos Forestales, AGAPA, dedicada entre otras cosas a la Agricultura y Ganadería, y la Sanidad Alimentaria y una empresa pública que es VEIASA, y que se dedica a la Inspección Técnica de Vehículo. Estas tres entidades suman un total de 8.500 personas empleadas repartidas por las 8 provincias andaluzas. 

Dentro de este sector nos preocupan dos cosas, en primer lugar, las diferentes tentativas que han tenido gobiernos anteriores de privatizar ciertas partes de mismas o completas, lo que puede conllevar a la pérdida de los servicios públicos tan básicos, para la ciudadanía andaluza y el empeoramiento de la calidad del empleo de estas trabajadoras y trabajadores. Ante esta situación hemos participado en diferentes movilizaciones, concentraciones en las puertas del parlamento andaluz, reuniones con las diferentes consejerías de los ramos implicados, para poner freno a las posibles tentativas de privatizaciones.

Por otro lado, nos preocupa el bloqueo de la negociación con el empleador, que en este caso es la Junta de Andalucía, la cual no se sienta de forma directa en las mesas negociadoras, lo hacen las direcciones de estas entidades, pero sí pone veto a cualquier cosa que hagamos a través de informes vinculantes, los cuales no se sienta a negociar, sino que nos impone. 

Otro problema que tenemos es que no podemos participar de forma directa en la mesa de la función pública, donde se negocian las líneas generales que afectarán a los empleados públicos, aunque sí que participamos en mesas de trabajo previas a las reuniones de las mesas de la función pública.

La situación de Jaén es alarmante. A la provincia le queda poco para ser un desierto industrial. ¿Qué ha fallado? ¿Dónde está la solución?

El problema es que, sesenta años después del Plan Jaén (1953), y tras más de una década de la aprobación del Plan Activa Jaén (2006), y el Plan Linares Futuro (2011), los objetivos de convergencia con el resto de España no parecen haberse cumplido.

La provincia de Jaén va a contracorriente de Andalucía y España, donde se ha registrado un buen segundo trimestre. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en esta provincia se han contabilizado 2.500 personas desempleadas más, lo que supone un 19,64%, una de las tasas de desempleo más alta de la comunidad. Además, a esto se le debe de sumar que esta provincia está entre las seis primeras provincias del país con salarios más bajos.

Esta situación económica no es nueva en la provincia de Jaén, de hecho, a lo largo del último siglo se ha intentado remediar este atraso en la provincia respecto al resto, con diferentes planes mencionados anteriormente. Todo ellos con diagnósticos muy acertados y similares y que proponían medidas de inversión. Pues bien, a pesar de las expectativas, ninguno de estos planes ha elevado los indicadores económicos de esta provincia, por falta de cumplimiento en las inversiones prometidas o grandes retrasos.

La provincia de Jaén tiene a su favor la principal productora mundial de aceite de oliva, generando en cada campaña aproximadamente cinco millones de jornales. En este sector se ha producido un gran avance en cuanto a la modernización del cultivo, la calidad del aceite e incluso comercialización, pero esto a su vez también es su cruz, ya que tiene una fuerte dependencia económica del olivar, representando el 90% de la producción agraria, lo que causa un mercado laboral muy temporal y sin que se haya producido la diversificación industrial tan solicitada.

La solución pasa por que se cumplan las medidas de los planes aprobados o que se generen nuevos planes en los que exista un fuerte compromiso de inversión pública, para poder reindustrializar esta provincia, con industrias sostenibles, apostando por modernización tecnológica y por la economía circular, permitiendo así que se genere empleo de calidad, para elevar el nivel de vida de esta provincia, que siempre ha estado bajo los índices económicos de del resto de España y de Europa.

¿Por qué os preocupa el sector del aceite y la industria ligada a los productos del olivar? ¿Cuáles son las amenazas, los riesgos y las medidas que propone el sindicato para superar la incertidumbre?

En este último trimestre se ha presentado un trabajo desde el sector de alimentación de la federación de industria de Andalucía, en el que se establecía el mapa de situación del sector del aceite de oliva y productos del olivar de esta comunidad. De este se desprende la importancia que tiene esta materia prima en Andalucía, ya que son varias actividades industriales las que dependen de la misma, tales como la producción de aceite de oliva, las orujeras, las empresas envasadoras y distribuidoras de aceite de oliva, el aderezo (aceituna de mesa) y la cogeneración. Estas industrias emplean en Andalucía a cerca de 10.000 personas, sin contar el empleo generado en el campo, principalmente en las provincias de Jaén, Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga. 

La amenazas que podrían planear sobre este sector es quizá caer en la mala planificación industrial, aunque existen industrias potentes dentro del sector, nos encontramos en  provincias como por ejemplo Jaén,  que como ya habíamos dicho, es la provincia con más extensión de olivar, 60 millones de Olivos en 550 mil hectáreas, que supone más del 25% de la superficie total española y el 42% de la andaluza, que necesita y venimos reclamando desde décadas una buena planificación industrial que no se centre sobre todo en venta de aceite de oliva a granel gráneles, sino que se hagan inversiones en grandes refinerías, envasadoras, en más industria relacionada con el tratamiento de los subproductos del olivar, y el desarrollo la industrias de producción de maquinaria usada en la recolección del olivar.