CCOO de Industria | 22 julio 2025.

Sin campo no hay futuro: La PAC debe proteger a quienes trabajan la tierra

  • Artículo de opinión del secretario general de CCOO de Industria del PV, Juan José Picazo

El recorte anunciado en la Política Agraria Común (PAC) por parte de la Comisión Europea no es solo una cuestión presupuestaria: es una amenaza directa al futuro del medio rural, al empleo agrícola y a la justicia social en el campo. En territorios como el País Valencià, donde la agricultura sigue siendo un pilar económico y humano, este giro supone un retroceso de décadas. Desde CCOO Industria PV alertamos del riesgo de desmantelar una de las políticas más estratégicas de Europa sin proteger a quienes la hacen posible: las personas que trabajan la tierra.

18/07/2025.
Juan José Picazo, secretario general CCOO Industria PV

Juan José Picazo, secretario general CCOO Industria PV

La presentación del nuevo presupuesto de la Unión Europea por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha puesto en evidencia un giro político preocupante. El recorte del 20 % aproximadamente en la Política Agraria Común (PAC) y su inclusión en un paquete presupuestario más amplio y ambiguo supone, de facto, diluir uno de los pilares fundacionales de Europa. Y ese retroceso tiene consecuencias muy concretas. Menos apoyo a la agricultura y ganadería sostenibles, menos herramientas para la cohesión territorial y, sobre todo, menos garantías para quienes trabajan en el campo, especialmente en territorios como el País Valenciano.

No hablamos de algo abstracto. La PAC es, en muchas comarcas de nuestro territorio, una fuente de ingresos fundamental para mantener explotaciones agrarias familiares, pero también para garantizar empleo a decenas de miles de personas trabajadoras asalariadas del sector. El campo valenciano, con su gran diversidad de cultivos, desde cítricos y hortalizas hasta la vid, el arroz o el olivar, sostiene una parte esencial de la economía de interior y de zonas costeras. Sin una PAC sólida, diferenciada y con presupuesto propio, ese tejido económico y humano queda gravemente amenazado.

Durante años, la PAC ha sido una política estratégica que no solo garantizaba el abastecimiento de alimentos, sino que contribuía a mantener vivos nuestros pueblos y comarcas. Pero ahora, con este nuevo presupuesto, esa visión se rompe. El nuevo marco sitúa a la agricultura, la ganadería y los recursos marinos dentro de un cajón desastre en el que también se incluyen las políticas de seguridad y cohesión. El riesgo es evidente: que las prioridades del campo queden sepultadas bajo otras agendas, y que las ayudas terminen concentrándose en grandes operadores, dejando fuera a quienes más las necesitan.

Desde CCOO Industria del País Valencià queremos advertir de lo que implica esto para nuestra gente. En el campo valenciano trabajan miles de personas, muchas de ellas en condiciones de gran vulnerabilidad. Hay contratos temporales, campañas muy intensas, situaciones de precariedad estructural y una fuerte presencia de mano de obra migrante. Sin una PAC que condicione las ayudas al cumplimiento de la legislación laboral, a la estabilidad del empleo y a la mejora de las condiciones de trabajo, estaremos legitimando con dinero público la precariedad y la explotación.

Una PAC social, bien financiada, con criterios socialmente justos, puede ser un verdadero motor de transformación. Puede premiar a las explotaciones que generan empleo estable, que respetan los derechos de sus trabajadores, que incorporan a mujeres al trabajo agrícola en igualdad y que apuestan por la incorporación de jóvenes. Puede ser una herramienta para frenar la despoblación del interior, para reforzar la economía en el medio rural, para proteger el paisaje agrario como bien común y para garantizar que la alimentación de calidad no dependa de mercados externos o de intereses especulativos.

En el País Valenciano lo sabemos bien. Cada vez hay menos jóvenes dispuestos a quedarse en el campo, y no porque no haya futuro, sino porque las condiciones laborales, de rentabilidad y de vida son cada vez más duras. Cada vez hay más pequeños agricultores que abandonan sus fincas porque no pueden competir con precios impuestos desde fuera. Y cada vez hay más personas trabajadoras agrarias que encadenan campañas sin seguridad laboral ni acceso pleno a derechos. Por eso, lo que ocurra con la PAC no nos puede ser indiferente.

Necesitamos una PAC que no solo reparta fondos, sino que apoye un modelo de desarrollo rural justo, inclusivo y sostenible. Una PAC con presupuesto suficiente y propio, que apueste por las personas, por la calidad del trabajo y por la dignidad de quienes, día tras día, sostienen con sus manos uno de los sectores más estratégicos para nuestra sociedad: el agroalimentario.

El presupuesto europeo actual no lo garantiza. Al contrario, abre la puerta a un retroceso de décadas, en el que las grandes explotaciones sin vínculo con el territorio y sin compromiso social absorban la mayor parte de los recursos, dejando a las pequeñas explotaciones y a las personas asalariadas sin red de protección.

Sin embargo, conviene añadir una reflexión necesaria: cuando las organizaciones agrarias alzan la voz, como han hecho recientemente, para reclamar medidas de apoyo al sector, lo hacen desde una perspectiva centrada en la rentabilidad de las explotaciones y la protección de quienes las gestionan. Es legítimo, por supuesto, pero no siempre se traduce en una defensa de los derechos y condiciones laborales de las personas trabajadoras por cuenta ajena, que constituyen una parte esencial de la cadena agraria. 

Esa parcialidad tiene consecuencias. Cuando las reclamaciones se centran solo en los intereses empresariales, sin incluir la mejora de las condiciones laborales, salariales y de vida de quienes trabajan en el campo, se convierten en demandas incompletas. Y lo que es incompleto, en un contexto social tan desequilibrado, termina siendo injusto. La justicia social en el medio rural no puede construirse ignorando a una parte fundamental de quienes lo sostienen con su trabajo diario.

Desde CCOO Industria PV no lo aceptamos. No podemos permitir que Europa renuncie a su política agraria más importante, ni que se ponga en riesgo el futuro del campo valenciano y de quienes trabajan en él. Por eso, exigimos una PAC con identidad propia, bien financiada, con instrumentos claros de redistribución y con criterios sociales obligatorios. 

El campo no puede seguir siendo la última prioridad. Invertir en el campo es invertir en empleo, en salud, en equilibrio territorial, en sostenibilidad, en derechos. Es defender una Europa con raíces, con rostro humano y con futuro. Sin campo, no hay alimentos. Sin trabajo digno en el campo, no hay futuro rural. Y sin futuro rural, no hay una Europa con soberanía alimentaria.

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