El Gobierno pretende ahorrar 33 millones a costa de la salud de las personas trabajadoras

  • Criminaliza a quienes enferman y no persigue el fraude de las mutuas y de las empresas
  • CCOO de Industria rechaza el Plan de Intensificación de Actuaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social
  • El sindicato impulsará una campaña para corregir esta forma de gestionar la salud laboral

Las mutuas derivan enfermedades profesionales y accidentes de trabajo a los servicios públicos de salud y las empresas reducen artificialmente la siniestralidad. En lugar de investigar ese fraude, el Gobierno sigue la estela de la Administración popular y pretende reducir el gasto que genera el deterioro de las condiciones laborales, mediante un mayor control de las bajas médicas y a costa de las personas enfermas y accidentadas.

02/10/2018. CCOO de Industria
La gestión de la salud laboral en los centros de trabajo está en crisis desde 2008

La gestión de la salud laboral en los centros de trabajo está en crisis desde 2008

El Instituto Nacional de Seguridad Social anunció la semana pasada que controlará 64.000 procesos de incapacidad temporal durante el último trimestre para “luchar contra el fraude en las bajas médicas”. Pretenden ahorrar 33 millones de euros. Lamentablemente, no investigarán las razones que se encuentran tras el incremento anual del gasto por incapacidad: el deterioro de las condiciones de trabajo, la precariedad, el crecimiento de la siniestralidad, el enmascaramiento de los datos por parte de las empresas y las prácticas de las mutuas, que derivan los daños a la salud que se producen en el trabajo a los servicios públicos, lo que les supone un ahorro importante. Tampoco investigará el uso que hacen de la cuota pública de Seguridad Social que perciben para gestionar las contingencias comunes.

Es innegable que las condiciones de trabajo se han deteriorado progresivamente desde la reforma laboral de 2012 y de la devaluación salarial impuesta. El gasto por incapacidad laboral aumentó cuando se generalizaron los elevados ritmos de producción, se prolongaron las jornadas de trabajo y aumentó la exposición a sustancias químicas. Mientras esto ocurría, surgieron nuevos riesgos laborales, envejeció la población laboral, se disparó la precariedad y se redujo la inversión para prevenir los riesgos laborales, lo que puso en crisis el modelo que definía la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Los delegados y las delegadas de CCOO de Industria luchan a diario en los centros de trabajo por revertir esta situación. Intentan que las mutuas cursen los partes de baja en la primera asistencia; den las altas cuando las personas estén sanas y no en el mínimo tiempo posible y no deriven al servicio público de salud los accidentes de trabajo. Evitan así que empeoren las lesiones y las enfermedades crónicas. El sindicato denuncia que las prácticas de las mutuas plantean serias dudas sobre los procesos de curación y someten a quienes se dedican a la medicina a presiones, desgaste emocional y estrés laboral, por una posible vulneración de su código deontológico.

La gestión de la salud laboral en los centros de trabajo está en crisis desde el año 2008. Todos los indicadores evolucionan de forma negativa. Las decisiones políticas que se tomaron con la connivencia de empresas, gobiernos y la gestión del INSS han provocado un grave deterioro en la protección de los trabajadores y trabajadoras. La actuación de las mutuas y de las empresas autoaseguradoras es una fuente continua de conflictos.

CCOO de Industria, que está a favor del control público de la gestión sanitaria, pondrá en marcha una campaña para denunciar las malas prácticas. También concienciará a las empresas, a la sociedad, a las administraciones y a los partidos políticos sobre la necesidad de corregir esta forma de gestionar la salud laboral y, sobre todo, de elaborar una nueva Ley de Mutuas.

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