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El Gobierno antepone el beneficio de las eléctricas al ejercicio de los derechos constitucionales, en la huelga de las centrales nucleares de Ascó-Vandellós
CCOO de Industria denuncia que los servicios mínimos que el Ministerio de Industria ha impuesto en la huelga general que se ha convocado en las centrales nucleares de Ascó-Vandellós para los días 16, 17, 18 y 19 de mayo, son desorbitados y superan con mucho los de paros anteriores. Los argumentos a los que recurre para justificar su dimensión son ridículos y ponen en cuestión un derecho fundamental y constitucional.
Central nuclear de Ascó (Tarragona)
Los próximos días 16, 17, 18 y 19 de mayo las centrales nucleares de Ascó-Vandellós han convocado huelga general para mantener la garantía de empleo y el cumplimiento del plan de relevo generacional. Dos objetivos necesarios para garantizar la seguridad de la operación y de las instalaciones, y evitar la continua subida del precio de la electricidad.
El Ministerio de Industria ha establecido unos servicios mínimos que superan con mucho los que fijó con ocasión de las huelgas generales convocadas con anterioridad. Impiden que pueda tener efectos en la duración del proceso de recarga en el que la central nuclear no está produciendo energía y, por tanto, no pueden afectar al abastecimiento.
Para CCOO de Industria, las alegaciones de no poder reducir potencia por la seguridad del suministro en el momento actual son ridículas, puesto que existe un parque con una elevada sobrecapacidad (102.300 MW), siendo el consumo máximo en punta de 40.000 MW. En estas circunstancias, destaca el sindicato, sacar del sistema la producción 1.000 MW no desestabiliza en modo alguno al sistema, aunque tiene una repercusión económica importante en los beneficios de la empresa participada, fundamentalmente por Endesa y, en menor medida, por Iberdrola.
CCOO recuerda que el sistema eléctrico, y sus mecanismos de garantía, soportan perfectamente, sin incidencias y sin riesgo para el abastecimiento, tanto las paradas programadas y de recarga de todos los grupos nucleares, como las no programadas (la central se detiene automáticamente cuando hay problemas en algún sistema crítico).
Además, en las alegaciones que CCOO ha presentado, ha entregado actas de reuniones en las que la empresa paraliza la puesta en marcha de la central nuclear a la espera de decisiones del Gobierno en relación con determinados impuestos. Para el ministerio es normal retrasar la entrada de una nuclear en el sistema eléctrico, pero no permite retrasos en la recarga por ejercer un derecho fundamental y constitucional como es de huelga.
Así pues, CCOO de Industria no tiene ninguna duda de que estamos ante una decisión política en beneficio de las grandes eléctricas y en detrimento de los trabajadores y de la sociedad.
En cuanto a los desorbitado servicios mínimos en el grupo que está en mantenimiento, argumentando que las recargas se han de hacer en el tiempo programado, para no desestabilizar el sistema, es una premisa injustificada y partidista para beneficiar a la empresa propietaria, más si tenemos en cuenta que en diciembre del 2012, la propia patronal eléctrica ralentizó la recarga en 20 días a la espera del debate parlamentario sobre los impuestos.
El Ministerio de Industria ha dictado unos servicios mínimos que CCOO de Industria considera abusivos, al negar la bajada de potencia a dos de los tres grupos nucleares que están en funcionamiento. Argumenta que el grupo que está en recarga tiene que mantener el 100% de sus actividades y asegurar el volumen de trabajo de un día normal laborable. Establece un servicio mínimo de 230 personas en el grupo que está parado más los retenes, cuando en la huelga del 12 de noviembre del 2012 el número de trabajadores fue de 35 más retenes, en iguales circunstancias.
La negativa del Ministerio de Industria a que los grupos bajen al 50% de su producción, es una medida que CCOO de Industria considera totalmente injustificada. Este sindicato recuerda que, tal y como decía la sentencia de 1995, si no se permite la alteración de la producción, el propio derecho a la huelga queda minusvalorado, dejando a los trabajadores en una situación de indefinición.
